Edición del día Domingo 09 de Diciembre del 2.007

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CIUDAD BOLÍVAR, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

Prohibición de salida del país
“Cercena el derecho al trabajo de Mónica Fernández”

Intopress. Caracas, diciembre 08.- Luego de la medida que le prohíbe a la abogada e integrante del Foro Penal de Venezuela, Mónica Fernández, salir de país, el defensor de Fernández, Gonzalo Himiob, dijo que “esto cercena el derecho al trabajo de Mónica Fernández, porque además de ser activista de Derechos Humanos en Venezuela es empleada de la ONU como experta en seguridad policial”.
El tribunal Séptimo de Control del Área Metropolitana de Caracas envió a juicio el expediente de Mónica Fernández, por el caso en el cual se le acusa de detener de manera ilegal al ex ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, durante los hechos de abril de 2002.
Himiob, asegura que “no pasó nada menos de lo que se esperaba. Se cerró un nuevo eslabón en los actos de persecución por motivos políticos en este país”.
Además, afirmó que “pasaron cosas insólitas” debido a que, a su juicio, la acusación de la Fiscalía estaba mal redactada y no precisaba los hechos que se le imputan a Fernández, e igualmente fue admitida alegando que los “errores materiales pueden ser subsanados durante la audiencia”.
Destacó que la medida de prohibición de salida del país fue dictada aun cuando la juez consideró que la acusada tenía suficiente arraigo en el país.
Denuncias
Otro de los abogados de la acusada, Antonio Rosich, respondiéndole al Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, le dijo que la jueza aceptó el 100% de las pruebas presentadas por el Ministerio Público cuando sólo el 28 por ciento de las de la defensa fueron admitidas.
“Esto corresponde a aproximadamente 11 testimoniales que se promovieron de algunos funcionarios del tribunal, judiciales y, muy particularmente de los alcaldes Leopoldo López y Henrique Capriles Radonsky, que conocen los hechos al detalle”.
Denunció que “la mayoría de los testimonios de las personas que pueden favorecer a Mónica Fernández en este proceso fueron negados de manera expresa” y que les sorprende que el ex ministro de interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chapín, implicado en el caso, “no fuera promovido por el Ministerio Público ni acudió a ninguna de las sesiones”.
Por su parte, el testimonio del General (r) Lucas Rincón si fue admitido. El caso fue enviado a la Oficina de distribución de los tribunales penales que dictará cuál se encargará del expediente.
No rechazaron pruebas
El Fiscal reiteró que el Ministerio Público no rechazó las pruebas ofrecidas por los abogados defensores de Mónica Fernández, ya que ello es sólo atribución del Juez de Control, quien durante la audiencia preliminar, después de escuchar a las partes, decide si admite o no el acto conclusivo del Ministerio Público, así como los medios de prueba ofrecidos por los fiscales y la defensa”.
Isaías Rodríguez, además, indicó que “una las pruebas a las cuales se opone el Ministerio Público es a la comparecencia del Fiscal General de la República como testigo, porque éste jamás presenció directamente los hechos y la característica fundamental de un testigo es, precisamente, que no se le tenga como referencial”.
En este sentido, el Fiscal General aseguró que “el Ministerio Público desestima los argumentos con los cuales la abogada pretende llamar la atención sobre un caso donde el país tiene una información bien completa”.
Acusaciones
El caso por el cual se acusa a la que para abril de 2002 era titular del Tribunal 39 de Control del AMC, Mónica Fernández, está relacionado con la medida privativa de libertad contra el entonces Ministro del Interior y Justicia. Por estas actuaciones, el Ministerio Público la imputó en el año 2004, luego la Corte de Apelaciones de Caracas declaró la nulidad absoluta de la mencionada aprehensión y el error inexcusable de derecho en la cual recayó la ex jueza, y, posteriormente, en julio de 2007 se presentó la acusación formal a través del escrito de la Fiscal 6´ Nacional, María Alejandra Pérez, por los delitos de privación ilegítima de libertad y violación de domicilio en perjuicio de Ramón Rodríguez Chacín. También se solicitó, en esa oportunidad, medida cautelar sustitutiva de libertad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesa Penal.
No le extraña la decisión
Mónica Fernández dijo no extrañarle la decisión tomada por el Tribunal Séptimo de Control de Caracas “el Ministerio Público pretende hacer ver que yo detuve ilegalmente a alguien que era ministro, en primer lugar yo no detuve a nadie, yo di una orden de allanamiento a un departamento; y en segundo lugar Ramón Rodríguez Chacín no era un ministro”. “Insólito” la actuación de la juez suplente designada
Manifestó que “una vez más la política decide sobre la verdad y la justicia, confiando además en que se repitieron los parámetros del resto de los casos, una juez suplente que lo que ha hecho es ser una secretaria de tribunales durante más de nueve años asume de manera temporal su cargo en un tribunal que se empeña en hacer una audiencia preliminar, inclusive asumiendo el caso, a pesar que no era la juez competente, y que se le solicitó en dos oportunidades que se inhibiera”.
Calificó como “insólito” la actuación de la juez suplente designada, “porque lo que hizo fue utilizar argumentos de mi declaración en mi contra, violando de una manera grotesca el artículo 49 ordinal 5to. de la Constitución que prohíbe valorar el testimonio del imputado en su contra”.
Explicó que durante su intervención alegó que había salido varias oportunidades del país y que había regresado, aún estando acusada y enfrentando un proceso judicial desde hace más de 5 años y medio.
“Esos argumentos los utilizó argumentando que había peligro de fuga, por cuanto muchas facilidades de abandonar el país”.
Al respecto, dijo que la decisión estaba prevista y que significa una “limitación a mis derechos, a mi libertad aún cuando no sea una privación de libertad el hecho de mantenerme dentro del país”.

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