La Junta de Andalucía aprobará este lunes una nueva ley de viviendas turísticas que otorga a los ayuntamientos competencias adicionales para 'establecer límites en cuanto al número máximo de viviendas con fines turísticos por edificio o sector'.
El ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Arturo Bernal, confirmó la medida en una entrevista. canal en la radio El viernes.
En un proyecto de decreto publicado hoy, la Junta de Andalucía señala que hay 80.000 viviendas con fines turísticos inscritas en el registro turístico de Andalucía, y admite que esta cifra «aumenta cada día».
Un decreto gubernamental establece que los municipios podrán fijar límites al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio o sector.
La Administración sostiene que «se da seguridad jurídica en la aplicación de la disposición que define las competencias aplicables a los ayuntamientos en materia urbanística y de ordenación de su territorio».
El Gobierno afirmó que su normativa 'no prevé un límite o restricción específica a las actividades económicas de viviendas de uso turístico, sino que faculta a los municipios para hacerlo dentro de los límites de sus capacidades'.
Añadió que «los límites potenciales establecidos localmente deberían estar sujetos a un escrutinio riguroso desde la perspectiva de las garantías del mercado y la competencia».
El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, afirmó este martes que el decreto sobre apartamentos turísticos cuenta con el consenso del sector y su objetivo es garantizar la calidad y una mejor organización.
Dijo que la nueva regulación de los apartamentos turísticos contribuiría a un mayor control y conocimiento del número de viviendas activas en cada periodo y de quiénes son realmente sus propietarios.
Moreno señaló que el nuevo decreto reconoce el derecho de los municipios a establecer límites, restricciones o condiciones en función de cuestiones urbanísticas como la ubicación o la zonificación.
La inscripción de un inmueble como alojamiento vacacional en el registro de turismo será comunicada a los ayuntamientos, comprobando así su legalidad urbanística con la identidad de los propietarios, afirmó el presidente.
“La administración sabrá qué empresa gestiona profesionalmente los servicios de hospedaje, lo que garantiza los derechos de los usuarios y de terceros al identificar al verdadero prestador del servicio turístico independientemente de la titularidad del inmueble”, argumentó Moreno.
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